Para empezar este articulo recordamos el caso mediático de Juana Rivas:
«Francesco Arcuri afirma que Juana Rivas le denunció en julio de 2016 por dinero. La defensa de la ex pareja de Rivas sostiene que la mujer, en la acción que dio lugar al conflicto actual en que vive sumido Arcuri y los hijos de ambos, de tres y 11 años, actuó en realidad con un único objetivo: conseguir la Renta Activa de Inserción tras ser asesorada en ese sentido por el Centro de Información de la Mujer, de Maracena (Granada)»
» la mujer, «asesorada por el Centro de la Mujer de Maracena», se convenció en junio de 2016 de que «la única manera» de obtener unos ingresos derivados de la Renta Activa de Inserción -actualmente 430 euros mensuales- era interponer una denuncia por violencia de género contra su ex pareja, y usar de esta manera de forma favorable el Estatuto de la Víctima de Violencia de Género.»
La defensa de Arcuri sostiene que Juana Rivas le denunció por dinero
Visto estos antecedentes o efecto llamada, para la mal llamada ley de violencia de genero o industria de genero. Esta subida de Salario mínimo de 5,5% a 950 € próximamente, supone aumentar la Renta máxima de acceso y subsidio de RAI (renta activa de inserción) de los 675,00 actuales a 712,50 € facilitando el acceso a estas «ayudas» a nuevas futuras «víctimas» fomentando la industria que genera esta ley.
Según comentamos en artículos anteriores, como la condición de «víctima de violencia de género» no hace falta que que lo dicte un juez. Incluso ademas de los trabajadores sociales, los trabajadores de ayuntamientos y comunidades autónomas pueden certificar esta condición sin existir denuncia y en breve no hace falta que haya una relación sentimental. Nos encontramos ante una posibilidad de negocio infinito.