JUANA RIVAS Y LOS DINEROS PÚBLICOS

Hoy les ponemos a su reflexión la posible utilización de recursos públicos para defender la situación personal de esta mujer, y madre,  que residía en Italia.

En efecto, notorios han sido los apoyos que ha recibido, tanto por parte del ayuntamiento donde parece que reside actualmente, como por parte de la Junta de Andalucía, por boca de la presidenta de esa comunidad autónoma.

Con interés hemos seguido este caso, en que, en base a las declaraciones de esta ciudadana, parece que tenemos que considerar un delincuente al hombre que libremente escogió para hacerle padre de los hijos de ambos, extremo que parece nadie pone en duda.

Pues bien, hemos pedido conocer el posible dinero público que haya podido salir, presuntamente, de las cuentas públicas de esa comunidad.

Lo hemos intentado, pero, hasta ahora, se nos ha negado la posibilidad de saber, en primer lugar, si se ha dedicado dinero público o no, y, en caso afirmativo, el posible importe.

Por no cansarles,  como Uds. recordarán, aquí se ha querido enfrentar dos sistemas judiciales, italiano y español, y se ha puesto en posible descrédito el sistema judicial español.

Por último, recordar que la responsabilidad de la defensa de los intereses personales de los hijos de ambos corresponde a la fiscalía y a los jueces correspondientes, al menos en España, por lo que lo que pide esta ciudadana es sus propios intereses, respetables, pero la situación de esos menores no emancipados es que tienen padre y madre. Y lo que pretende esta ciudadana es quitarles su derecho personal de tener, no sólo madre, sino también padre.

Y, como pueden Uds. comprender, es de interés público, saber si dinero público andaluz ha podido ser utilizado para privar a esos niños de padre, que, en el fondo, parece ser el objetivo de esta ciudadana.

Se les muestran las respuestas de la Junta de Andalucía. Demostrando una opacidad de datos. Se crea un agravio comparativo entre padres y madres de primera y de segunda…

1º Solicitud negativa amparándose en la ley de protección de datos

2º Solicitud pidiendo únicamente partidas económicas, ayuda jurídica o social, nueva negativa amparándose en la ley de protección de datos.

Jesús Ayala Carcedo, delegado de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS.

CASO JUANA RIVAS: ¿ PAGARÁ SUSANA DÍAZ A LA ABOGADA Dª MARÍA CASTILLO POZO SU MINUTA CON FONDOS PÚBLICOS ?

COMISIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

C/ Azacayas, 14

18.071 GRANADA

CERTIFICADO, CARTA PÚBLICA

 

Asunto: PRESUNTA ACTUACIÓN NO CORRECTA DE LA LETRADA Dª MARÍA CASTILLO POZO, EN LOS TEMAS JUDICIALES, PERSONALES, DE Dª JUANA RIVAS GÓMEZ, EN LA VISTA JUDICIAL CELEBRADA EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO TRES DE GRANADA, EL VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.

 

Burgos, 21 de agosto de 2.017

 

Muy Sres. míos:

Por informaciones de los medios de comunicación, con fecha de hoy, se ha celebrado una vista judicial en el Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Granada, en que se trataba de los derechos personales de dos menores no emancipados, hijos de Dª Juana Rivas Gómez y D. Francesco Arcuri, a la que no ha asistido, personalmente, la citada Dª Juana Rivas Gómez.

Sí que se han presentado la citada abogada, Dª MARÍA CASTILLO POZO, y el/la procurador/a que en su día se concedieron, por parte de Uds., a Dª JUANA RIVAS GÓMEZ, pero para otras causas judiciales de Dª JUANA RIVAS GÓMEZ.

La citada letrada ha presentado un recurso, se desconoce cuándo, manifestando esta circunstancia, que no estaba expresamente asignada a esta actuación judicial, que no ha sido resuelto, lo que parece que no ha impedido dicha cita judicial.

Pero, independientemente, de lo que en dicho juzgado se haya podido decidir o no sobre esta circunstancia, los problemasjudiciales de Dª JUANA RIVAS GÓMEZ son responsabilidad de esta ciudadana, en cuanto a los medios de defensa y representación en los pleitos que tiene. Y responsabilidad de Dª JUANA RIVAS GÓMEZ es gestionar la contratación de abogados y procuradores, bien con sus propios medios, bien solicitando asistencia jurídica gratuita, si correspondiera, por los procedimientos correspondientes.

Y nos encontramos que, conforme a lo informado, Dª JUANA RIVAS GÓMEZ, no tenía asignada a esta letrada, para el pleitode hoy, conforme a la normativa, de obligado cumplimiento de justicia gratuita.

Sí que se ha informado por parte de esta letrada, en comparecencia ante los medios de comunicación, que Dª JUANA RIVASGÓMEZ la llamó en relación a la vista judicial de hoy. Y correspondía a la letrada Dª MARÍA CASTILLO POZO aclarar su situación profesional respecto a actuar como letrada de justicia gratuita en la vista de hoy, para que Dª JUANA RIVAS GÓMEZ hiciera las gestiones que la normativa impone para, bien confirmar a esta letrada como abogada de justicia gratuita, o asignarla otra letrado, para seguir atendiendo sus personales intereses, no los de los hijos de esta pareja, y en caso de que no se la asignara por el conductoreglamentario, manifestarla que debería pagar los honorarios que correspondieran, a pactar con su cliente, o elegir otro abogado, o que la Junta de Andalucía pagara a esta letrada, como parece que prometió su presidenta, Excma. Sra. Dª SUSANA DÍAZ PACHECO.

http://www.eldiario.es/andalucia/granada/Susana-Diaz-Junta-Juana-Rivas_0_669483951.html

“Susana Díaz anuncia apoyo jurídico de la Junta a Juana Rivas para suspender el régimen de visitas de sus hijos.”

Éste es el hecho. Esta letrada, Dª MARÍA CASTILLO POZO, no ha actuado conforme asignación expresa de esa COMISIÓN DEASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA DE GRANADA, en la vista judicial de hoy.

Por esta parte, se consideraría parte perjudicada si a esta letrada se la pagara por un servicio de letrada que no ha sido tramitada por los canales obligatorios, con fondos públicos de justicia gratuita. Si la quiere pagar la Junta de Andalucía, con los fondos que se debieran dedicar a otros menesteres, no me opongo, pero con los honorarios habituales como letrada, no con la miseria que se paga por la justicia gratuita. Es problema de los ciudadanos andaluces.

Es por ello que pongo en conocimiento esta presunta actuación irregular de esta letrada, Dª MARÍA CASTILLO POZO,  para que se tramite por los cauces habituales, conforme a los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

La abogacía debe separar sus obligaciones profesionales, de los posibles derechos y deberes de sus clientes, sobre todo cuando al padre de esos menores no emancipados, D. FRANCESO ARCURI, seguramente le están costando todas las circunstancias familiares, que se manifiestan por los medios de comunicación, mucho dinero. Siendo Dª JUANA RIVAS GÓMEZ incumplidora habitual de las resoluciones judiciales que no la gustan.

Y se recuerda a esa COMISIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA, a la citada letrada, Dª MARÍA CASTILLO POZO, y al Iltre. Colegio de Abogados al que pertenezca esta letrada, que los servicios de letrados y asistencia de procurador, utilizados por Dª JUANA RIVAS GÓMEZ, NUNCA  no son en representación de dos niños, sino de los intereses personales y teorías de esa madre, Dª JUANA RIVAS GÓMEZ.

Pendiente de ser informado por Uds. del resultado de esta denuncia, como ciudadano que contribuye con sus impuestos a los gastos del servicio de JUSTICIA GRATUITA, atentamente.

 

 

Jesús AYALA CARCEDO, delegado de laASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS.

CASO JUANA RIVAS, LA NUEVA CARRASCOSA. LA PRESIDENTA ANDALUZA PUEDE PROVOCAR UN CONFLICTO CON ITALIA.

EXCMO. SR. EMBAJADOR DE ITALIA EN ESPAÑA

EMBAJADA DE ITALIA

C/ Lagasca, 9

28.006 MADRID

 

 

ASUNTO: PETICIÓN DE QUE EL ESTADO ITALIANO EXIJA AL ESTADO ESPAÑOL QUE RESPETE EL DERECHO DE DOS NIÑOS DE PADRE ITALIANO,  D. FRANCESCO ARBURI, Y PRESUNTAMENTE DE NACIONALIDAD ITALIANA, PARA QUE SEAN PROTEGIDOS POR EL SISTEMA JUDICIAL ITALIANO, LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS MISMOS. DURÍSIMOA ATAQUE DE INSTITUCIONES ESPAÑOLAS A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL.

 

Burgos, 27 de julio de 2.017

 

Excmo. Sr. Embajador de Italia en España:

Según diversas noticias de medios de comunicación, la presidenta de la Junta de Andalucía,  Excma. Sra. Dª SUSANA DÍAZ PACHECO, ha anunciado que la Junta de Andalucía ofrecerá asistencia jurídica a Dª JUANA RIVAS,  e incluso se personará en el conflicto que tiene esta señora por su actuación con los hijos que libremente tuvo con el padre que eligió para los mismos, D. Francesco Arburi, desde que incumplió su deber de reintegrarlos a Italia, país que no se duda respeta todos los derechos de esta señora y es competente para proteger a los niños. Circunstancias que no dudo que conocen, tanto el GOBIERNO ESPAÑOL, como la propia JUNTA DE ANDALUCÍA, y que deben respetar.

Si tuviéramos noticia de que a esta señora no se la han respetado sus derechos de ser debidamente atendida por el sistema judicial español, no dude que seríamos los primeros en exigir que se la trate con el máximo respeto. Pero ninguna noticia tenemos de que se hayan violado sus derechos en el sistema judicial español.

Por lo tanto, salvo mejor información o criterio, los posibles daños que se hayan podido hacer a los niños son exclusiva responsabilidad suya. De la misma manera, si el sistema judicial italiano no atendiera a esta ciudadana española como merece por ley y derecho, elevaríamos debida protesta, pero lo que vemos es que esta señora quiere obtener en la calle lo que no la dan en los juzgados, que deben respetar los tratados internacionales.

Como asociación de padres separados/divorciados, vemos que a los hombres, buenas personas y buenos padres, se nos detiene con la simple denuncia de una mujer, sabiendo los que detienen que, normalmente, son puestos en libertad apenas comparecen judicialmente.

Por otra parte, la portavoz socialista de Igualdad, Dª Ángeles Álvarez, en el Congreso de los Diputados, ha manifestado que el PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, firmado por todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados de España, que tendremos que sufrir los hombres de este país próximamente, recomienda, que en casos similares o parecidos, no se entreguen a los niños sujetos a otras jurisdicciones de estados amigos, como es Italia, violando todas las leyes internacionales que pueda haber entre países de la Unión Europea, y de países tan cercanos y queridos por los españoles, como es Italia.

Es por ello, estimado Excmo. Sr. Embajador de Italia en España, que procede la más enérgica protesta del Estado Italiano, que dignamente representa Ud., ante el Gobierno de España, ante este brutal ataque a la independencia judicial del estado español, en perjuicio de dos niños que deben amar a Italia y a España, y a sus dos padres, pero que, salvo mejor criterio o información, deben tutelar los jueces de Italia dónde esta señora podrá presentar lo que estime oportuno, en la seguridad de que será debidamente oída y atendida, en lo que proceda.

Callarse Italia ante este asunto, es dar alas al ningueo de la legislación internacional, y, por esta parte, nuestro rotundo reproche a la Excma. Sra. Presidenta de la Autonomía de Andalucía, a la citada representante del PSOE, y a Dª Francisca Granados, directora del área de Igualdad de Ayuntamiento de Maracena (Granada).

Incluso sería conveniente que el propio estado italiano comprobara si las normas que se van a aprobar próximamente en España, si no se remedia, y dado que pueden afectar los legítimos derechos de los ciudadanos italianos residentes en España, o de visita turística, de negocios, etc., no van a ver respetados los derechos y valores que se tratan de imponer en Europa a los ciudadanos de su querido país.

Recientemente, a Polonia, se le han reprochado medidas con respeto al sistema judicial, y su independencia. Aquí hay un brutal ataque a la independencia de los jueces, en contra de niños que no se duda que son italianos, y no por particulares sino por dirigentes políticos en el ejercicio de deberes públicos, lo que es intolerable.

Si agradeceríamos que informara sobre este triste asunto, por actos indebidos de una madre, que se cree por encima de leyes y derecho de los niños al juez que señale la ley, eligiendo país como si ése fuera su derecho.

Atentamente,

 

 

Jesús AYALA CARCEDO, delegado de laASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS.